:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/AL6GIFWBYZANTJ2QPENM3L2O4I.jpeg "Ojeda huyó de Venezuela en 2017 después de ser arrestado por presuntamente planear el asesinato del presidente Nicolás Maduro.")
Bloomberg — El gobierno de Chile está exigiendo que Venezuela colabore en la investigación de un refugiado asesinado en medio de señales de que el asesinato fue políticamente motivado, poniendo a prueba las relaciones entre ambas naciones.
El secuestro y asesinato a principios de este año de Ronald Ojeda, un exmiembro de las Fuerzas Armadas de Venezuela, es de la "máxima gravedad", dijo la ministra del Interior, Carolina Toha, a los periodistas el viernes. El gobierno tiene el derecho de exigir que todos los involucrados sean enviados a Chile para enfrentar la justicia, dijo.
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"Esto también es importante para Venezuela", dijo Toha. "Los ojos del mundo estarán observando cómo actúa. Y como país, nos aseguraremos de ello".
Ojeda huyó de Venezuela en 2017 después de ser arrestado por presuntamente planear el asesinato del presidente Nicolás Maduro y obtuvo el estatus de refugiado en Chile en 2023. El 21 de febrero fue secuestrado de su apartamento en Santiago por personas disfrazadas de agentes de seguridad. El descubrimiento de su cuerpo en una maleta bajo una estructura de cemento días después provocó promesas del gobierno para llevar a cabo una investigación.
La disposición de Venezuela para ayudar debe ser demostrada en acciones concretas, dijo Toha. "Exigiremos que Venezuela cumpla con sus responsabilidades", afirmó.
Las relaciones entre Chile y Venezuela han atravesado un momento difícil en los últimos días. Esta semana, el presidente chileno Gabriel Boric llamó a su embajador en Caracas para consultas después de que el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela dijo que la organización criminal Tren de Aragua no existe, además de agregar que las personas en los videos de presuntos miembros de pandillas tienen acentos chilenos y peruanos.
También se arrestó en Chile a varios ciudadanos venezolanos por su presunto papel en el asesinato de un oficial de policía esta semana. Según informes de los medios locales, uno de los detenidos tenía una orden de deportación desde 2020.
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