:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/H3HZFARGURATFIVLRWU3QYBYA4.jpg "En 2009, Fujimori fue condenado por violaciones de los derechos humanos, pero fue indultado en 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski.")
Bloomberg Línea — El expresidente Alberto Fujimori, condenado por violaciones de los derechos humanos, fue liberado este miércoles tras una resolución del Tribunal Constitucional (TC) en Perú, que con esta medida desafía la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de que debía permanecer en prisión.
Alberto Fujimori, sentenciado por los casos Barrios Altos y La Cantuta, fue liberado de prisión sobre las 6:30 p.m. hora local y fue recibido por sus hijos Keiko y Kenji Fujimori.
El exmandatario peruano salió del penal de Barbadillo tras una resolución del Tribunal Constitucional (TC) que dictó “la inmediata libertad del favorecido”.
Al momento de su salida del penal, Alberto Fujimori portaba una mascarilla.
En 2009, Fujimori fue condenado por violaciones de los derechos humanos, pero fue indultado en 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski.
No obstante, en 2018 volvió a prisión luego de que un tribunal local anuló el indulto de Kuczynski, quien dimitió tres meses después de afrontar un nuevo intento de destitución.
Alberto Fujimori fue condenado por la masacre de quince personas en Barrios Altos y la desaparición forzada y ejecución de diez estudiantes de la Universidad La Cantuta; así como el secuestro de Gustavo Gorriti y Samuel Dyer, de acuerdo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“La CIDH recuerda que, en 2011, la Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró que los crímenes perpetrados en el caso La Cantuta constituyen crímenes de lesa humanidad. De la misma manera, en 2001, en el marco del caso Barrios Altos, la Corte clasificó los hechos cometidos por el exmandatario como graves violaciones a los derechos humanos”, recordó la entidad en su momento.
En su momento, las sentencias de la Corte en los dos primeros casos consideraron a Perú responsable por “la violación al derecho a la vida, integridad personal y protección judicial, entre otros, establecidos en la Convención Americana”.
Por lo anterior, “ordenó al Estado investigar, juzgar y de ser el caso, sancionar a los responsables de los hechos”.
