:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/43OMAF2W5ZH3LE2BJX55MZ3OJE.jpg "Rodrigo Rojas Vade, ex vicepresidente adjunto de la Convención Constituyente")
Santiago — La Convención Constituyente afronta una tempestad. Su vicepresidente adjunto, Rodrigo Rojas Vade, admitió al diario La Tercera que mintió sobre estar enfermo de cáncer. La noticia, conocida el sábado, generó un revuelo que continúa en escalada.
Rojas, de 37 años, renunció a su cargo como vicepresidente adjunto el domingo, y poco después constituyentes pidieron al Ministerio Público investigar el caso ante un posible fraude respecto a la declaración de patrimonio e intereses.
No solo sacó ventaja electoral con su falso diagnóstico, sino que aseguró que adquirió una deuda de 27 millones de pesos chilenos (equivalente a 34 mil dólares) para costear tratamientos oncológicos y por eso, ayer, la Fiscalía Centro Norte ordenó a la Brigada de Investigaciones Criminales de Santiago encontrarlo y tomarle declaración en calidad de imputado ante la presunción de delitos vinculados a su declaración de patrimonio.
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:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/QIT6TZIYWZAHXCOE33Z5LCDM3U.jpg "Rodrigo Rojas Vade cimentó su campaña para ser votado como convencional diciendo que tenía cáncer, pero luego admitió a un diario chileno que había mentido.")
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Su localización es desconocida desde el fin de semana. Horas antes de la publicación de la nota periodística donde se descubrió su mentira, el activista admitió en un video difundido en Instagram que cometió una “equivocación”. Luego restringió sus redes sociales.
Rojas se convirtió en uno de los íconos de las revueltas del 18 de octubre de 2019. Su discurso político se cimentó en su falsa enfermedad. “No lucho contra el cáncer, lucho para pagar la quimio”, decía un cartel que solía exhibir en la Plaza Italia, el bastión de las protestas en Santiago.
La credibilidad de los constituyentes
Algunos analistas califican el caso como uno de los mayores fraudes electorales de la historia chilena, pero tal vez la mayor repercusión pudiese pesar sobre el órgano que escribe la nueva Constitución de Chile. Para el cientista político Kenneth Bunker el escándalo podría socavar la confianza de la ciudadanía sobre el trabajo de la Convención. No descarta que este episodio sea revivido en unos meses como “argumento” para votar en contra del documento final que sustituya a la Carta Fundamental, vigente desde la dictadura militar.
Explica que una menor credibilidad en los constituyentes y en la legitimidad del proceso incrementaría las probabilidades de que el texto no supere el plebiscito ratificatorio en 2022. “Ese es el peligro”, dijo a Bloomberg Línea.
A diferencia de otras instituciones como el Congreso y el Ejecutivo, Bunker resalta que la Constituyente trabaja una sola vez: “Cualquier tipo de duda que se siembre respecto a su labor tendrá un efecto sobre el producto final”. De hecho, el convencionalista Hernán Larraín, ex jefe del partido Evolución Política, dijo que el caso ocasionó un grave daño a la fe pública y a la legitimidad del organismo.
El gobierno también repudió la mentira. “Es un escándalo lamentable, muy penoso, porque golpea la credibilidad de un proceso que no tiene que verse manchado por una determinada situación. Pero es indudable, quien además había ejercido un rol relevante, miembro de la mesa, que haya engañado al país. Tenemos que ayudar a que la Convención Constituyente pueda ir recuperándose de este tipo de situaciones, pero al mismo tiempo debemos tener la máxima firmeza a la hora de condenar este tipo de situaciones”, dijo Juan José Ossa, ministro de la Secretaría General de la Presidencia, en una entrevista en T13.
El caso remece a la política chilena, en un año marcado por contiendas electorales. El movimiento Pueblo Constituyente (ex Lista del Pueblo), donde militó Rojas Vade, sería el más afectado por la controversia. Bunker, no obstante, cree que el impacto sería menor, porque el grupo ya está ramificado por distintas renuncias.
La polémica del activista está precedida por otras. Su presidenciable, Diego Ancalao, debió deponer su candidatura después de que el Servicio Electoral (Servel) descubriera que entregó miles de firmas fraudulentas para su inscripción, lo que provocó el inicio de una causa penal por parte del Ministerio Público.
La Lista del Pueblo nació de las manifestaciones del 18 de octubre de 2019, desvinculado de los partidos tradicionales. Sus integrantes consiguieron 27 escaños en la Convención, pero recientemente varios se deslindaron del movimiento por diferencias.
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